Pablo Peralta
Miranda Periodista
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| INFORMAT / ACERCA DE UN DERECHO |
"No hay delito de
imprenta sin publicación”, establece el artículo 7 de la Ley de Imprenta. "El secreto en
materia de imprenta es inviolable”, dispone otro artículo de esa norma.
Ambos hacen referencia al enfoque de la norma,
puesta en vigencia en 1925; por un lado, establece los delitos de imprenta, cómo se conforman
los tribunales de imprenta y las sanciones; por el otro, instituye parámetros
para el ejercicio periodístico de manera profesional, según los especialistas.
La Ley de Imprenta data de
principios de siglo XX; pero es una norma que superó los embates del tiempo y
de sus detractores, casi siempre del poder político de turno. Del otro lado,
quienes salen a la defensa contra cada acometida son principalmente los
periodistas.
El tema cobró actualidad
luego de que desde filas del Movimiento Al Socialismo se sostuviera que esta
ley es obsoleta y que requería cambios.
Ante ello, el presidente del
Tribunal de Honor de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Pedro
Glasinovic, sostuvo que la Constitución Política del Estado "reconoce la Ley de Imprenta como la que regula el ejercicio de los periodistas
bolivianos a través de la autorregulación; no se debería cambiar ni una coma,
porque sin libertad de expresión no hay democracia”.
Pero, más allá de la
polémica coyuntural, ¿la Ley de Imprenta es una norma que sólo ampara a los
periodistas? "Hay un tema que es
importante y que debe saber la ciudadanía: La Ley de Imprenta no solamente
protege a los periodistas, sino que protege a toda la ciudadanía. La Ley de
Imprenta es para toda la ciudadanía”, sostiene Renán Estenssoro, director de la
Fundación para el Periodismo.
Al respecto, el periodista
Andrés Gómez explica lo siguiente: La Ley de Imprenta "garantiza las dos
dimensiones del derecho a comunicar: a) la individual, que se entiende como el
derecho de un individuo a investigar, recibir y difundir información; b) la
social, que se comprende como el derecho de la sociedad a recibir información y
opiniones diversas y plurales”.
Gómez concluye que "es
una ley que no sólo defiende la libertad de expresión del periodista, sino del
sujeto universal: el ciudadano común y corriente”.
De principios del siglo XX
Quienes consideran que se debe modificar la Ley de Imprenta,
puesta en vigencia el 19 de enero de 1925, argumentan que está desactualizada, dado que no
toma en cuenta a la radio, la
televisión u otros medios que funcionan a través de internet.
"Lo fundamental de la
Ley de Imprenta es su filosofía y su espíritu”,
sostuvo el expresidente Carlos D. Mesa en su columna dominical. "El
argumento de que es obsoleta porque sólo se refiere a medios impresos carece de
fundamento alguno”, agregó.
El periodista e historiador
explicó que "lo que importa en su texto es la idea de la libertad de
expresión y el secreto de fuentes, la tipificación de los delitos y el
mecanismo de su juzgamiento. Es evidente que este instrumento es perfectamente
aplicable en este siglo XXI a la prensa, radio, televisión, multimedia y medios
en línea”.
Nelson Martínez, presidente
de la Asociación de Periodistas de La Paz, afirma que "los delitos de
imprenta se establecen incluso cuando más de cinco personas leyeron una carta”
y que "lo mismo puede ocurrir con Facebook y con otro sistema tecnológico
actual”.
"Por lo tanto, el hecho
de que hablen de una ley de 1925 sobre la imprenta es simplemente un hecho
referencial histórico, pero se aplica hoy, en la actualidad, y se aplicará en
el futuro de la misma manera”, asegura Martínez.
El secreto de la fuente
La Ley de Imprenta establece
que el secreto de fuente en materia de imprenta es inviolable. Pero ¿por qué es
tan importante esta disposición? "Porque es la forma en que los
periodistas consiguen la información. Mucha gente entrega información, pero con
la condición de que no revele quién la está entregando y esto los periodistas
deben garantizar y proteger. Los periodistas no somos delatores. No vamos a
convertirnos en delatores de quienes nos están proporcionando la información”,
explica Estenssoro.
Entre los argumentos para
defender esta norma, Gómez menciona que la Ley de Imprenta "contempla el
secreto de fuente para que se cumpla un componente básico del derecho a la
información: el derecho a investigar”.
¿Fuero especial?
La Ley de Imprenta tipifica
los delitos contra la Constitución, sociedad, contra las personas individuales
y colectivas; indica quiénes son los responsables de las faltas (los que firmen
como autores de una publicación, los directores, los editores); establece las
sanciones (pecuniarias) y señala cómo se conforma el Tribunal de Imprenta.
Estenssoro sostiene además
que esta ley "no es un fuero
especial que tenemos los periodistas, sino que define que quien va a juzgar es
un jurado de imprenta, un jurado de ciudadanos que se pronunciará sobre un tema
referido al periodismo”. Agrega que "son ciudadanos los que van a decidir
la suerte de proceso”.
Andrés Gómez considera que
se debe defender la Ley de Imprenta porque "protege, en el ámbito de los
valores democráticos universales, al periodista. Lo protege del poder de un
gobernante para que fluya información
diversa y opinión plural en favor de la sociedad”.
Martínez considera que
"es importante que la ciudadanía, no sólo los periodistas, entiendan el
valor de tener una
Ley de Imprenta como la que tenemos. No
es un problema conceptual ni temporal en la discusión, porque las garantías que
establece para ciudadanos y también periodistas
están enmarcadas en lo que la Constitución Política del Estado protege y
garantiza”. Y fundamentalmente, pone límites al poder que siempre quiere y
querrá controlar la información que se publica.
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